martes, junio 12, 2007

Lo público

Advertencia: Esta entrada es de las largas y es tópica de un diálogo comenzado varias entradas atrás, en particular respondiendo a preguntas formuladas en los comentarios de la más reciente.

La amenaza

La Universidad como institución ha pasado por momentos difíciles desde antes de ser fundada. El mismo hecho de provenir de instituciones preexistentes supuso decisiones de gobierno para transformar una cosa en otra, para cuestionar un pasado y esbozar otro proyecto. La fecha oficial de nacimiento de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, 22 de septiembre de 1867, nos remite a un gran agradecimiento con el "Olimpo Radical" (que no era un profesor cascarrabias de Veterinaria, sino el gobierno de los liberales radicales durante una década del siglo XIX) y ha llevado a muchos a hacerse la ilusión de que la Nacional tuvo cuna y designios rebeldes. Curiosamente la radicalidad los llevó a liberalizar tanto las profesiones que vulneró una de las principales funciones sociales de la Universidad, la de licenciar a sus graduandos ante la ley como profesionales, como la negación del tegua. Cuando la generación de entusiastas colombianos de Córdoba llegó al poder con la República Liberal, se presentó la gran Reforma Universitaria (y de la misma Educación Básica), con la consecuente oposición de sectores universitarios y externos a la institución. Cualquier cambio, bueno o malo, agenciado desde una instancia gubernamental, enfrentará siempre posturas, que de endurecerse terminarán por afincarse en que la condición inmediatamente anterior es justa, conveniente y la mejor de las posibles. No es un carácter exclusivo de nuestra nacionalidad, en muchas partes del mundo la Educación es uno de los fenómenos más conservadores que puede haber. Siempre mira al pasado y sospecha de lo que viene.
A esa Reforma del 36 reaccionó anticipadamente el clero fundando la Universidad Pontificia Bolivariana y resucitando la Universidad Javeriana (por entonces la misma institución que el Colegio de San Bartolomé). Luego de caído el liberalismo del poder se dieron timonazos en sentidos divergentes y vino también el nacimiento de nuevas universidades privadas (de Los Andes, Jorge Tadeo Lozano, de América, Piloto,...), pero también de importantes departamentales como la UIS y la del Valle. Muchas de las privadas aparecidas en los 50 y 60 surgieron de crisis internas de la Nacional. 60 y 70 fueron las décadas que consolidaron el panorama general que hoy conocemos de la composición de la matrícula universitaria en Colombia de acuerdo con la naturaleza privada o estatal de las instituciones. Las universidades estatales son el bicho raro del sistema (como el 40% de la matrícula universitaria y no mucho más del conjunto de la Educación Superior); la Nacional tiene algo así como el 4% de la matrícula universitaria total del país, algo bien diferente a lo que se puede ver en México, Argentina, Brasil, Venezuela y muchos países de distintas ubicaciones en la economía mundial.
La síntesis histórica forzada, para no irme de la primera pregunta de Motor Dada, viene a cuento porque recuerdo haber participado en el movimiento estudiantil contra la aprobación de la Ley 30 de 1992, de Educación Superior; la cual desarrolla un vago artículo constitucional acerca de la autonomía de la universidad colombiana y reemplaza las disposiciones del Decreto-Ley 80 de 1980, sobre la misma materia. Por supuesto los activistas del momento anunciamos el fin del mundo, denunciamos el cumplimiento de agendas internacionales malintencionadas y casi expresamos conformidad con la ley que se derogaba. Eso sí, salvo un fallido intento de paro a las malas, con el cual no estuve de acuerdo, sin necesidad de bloqueos fue un movimiento concurrido, de buen nivel de debate, con marchas valientes (como la que hicimos el 28 de octubre del 92 a la Plaza de Bolívar, con todo y que una M-60 de la PM apuntaba desde la mañana a la entrada de la 26, hubo amenazas reales y presenciales - no había e-mail - contra ciertas cabezas del activismo de la época, el sindicato y los profesores nos sacaron el cuerpo muy a las 9:00 A.M., tras dejarnos salir por la 45 nos cercaron frente al Colegio Americano policías con subametralladoras por el frente y soldados con fusiles por detrás, ambas fuerzas sin equipo de antimotines; y - tras un surrealista acuerdo con el Coronel Bautista, legendario comandante de la Estación de Teusaquillo - avanzamos hasta nuestro destino, tras cinco años de prohibición de acceso de manifestaciones a ese lugar) y con todas las contradicciones que uno no ha terminado de verle.
De paso eso me recuerda una escena que me enseñó mucho sobre ese tipo de conflictos. La salida a las gradas de algunos congresistas a congraciarse con la multitud era apenas una muestrica gratis de lo que internamente se jugaba en lo político. El ponente, senador liberal y ex-rector de la Universidad Nacional, ofrecía cosas en las universidades y transaba con los demás parlamentarios. Por ejemplo César Pérez García, sujeto bien mal reputado, hizo meter en la composición del Consejo Nacional de la Educación Superior (CESU) a un rector de las universidades del sector de la Economía Solidaria (solo existía una, la Cooperativa, casi que propiedad de él), en flagrante conflicto de intereses; corregido por vía judicial (el texto), pero con garantizada impunidad para su intocable pensión de congresista. Este tipo de transacciones prosaicas no se parecen en nada a los maléficos planes de los documentos de Santa Fe y sí tienen mucho que ver con agendas más localistas y de región, del lugar de las instituciones privadas de educación ante su mercado y ante la ley y de otras mezquindades bien disimuladas.
Quince años después, no se ha acabado la Universidad. Ha cambiado, sin duda, pero es bien diferente a las proyecciones que hacíamos desde las tarimas. En Planeación Nacional se sigue lamentando la existencia del artículo 87 de esa Ley y es considerado uno de los grandes culpables del desequilibrio fiscal en Colombia en la era posterior al cambio de Constitución (junto con el crecimiento del gasto en el sistema judicial). De la aparición de la Representación Estudiantil al CESU derivó una nueva generación de aparatos estudiantiles nacionales, o sea formas organizativas (primero el CONSEC, luego la ACEU y etc.); resucitó la Representación Estudiantil al Superior de la Nacional (cortada desde 1972); se financiaron eventos nacionales e internacionales con dineros del ICFES, del Fondo Nacional de Bienestar Universitario;... El activismo político estudiantil tuvo nuevos escenarios y nuevas investiduras.
Cualquier oferta de cambio representa amenazas, en primer lugar con la permanencia del estado de las cosas como lo conocemos. Pienso que la comparación con los casos de empresas comerciales del Estado intervenidas o privatizadas es sugerente pero no demasiado pertinente en el caso de las instituciones educativas. Sé muy bien que Uribe se ufana de no haber liquidado sino reestructurado Telecom, salvaguardando las pensiones (claro, yo conozco gente que fue al desempleo y no puede ser tan suave para juzgar el proceso). Sé que, en clara divergencia con la lectura de ASPU, se precia de haber logrado la reapertura de la Universidad del Atlántico, mediante la presente intervención de sus finanzas. Pero también conozco el profundo contraste entre la actitud ante las crisis de los hospitales San Juan de Dios e Infantil de la Misericordia de Bogotá, por parte de médicos y trabajadores. La adoración irracional a derechos adquiridos, la imposibilidad de modificar convenciones colectivas llenas de detalles políticamente impresentables, el apego a principios inmutables sin sustento económico; significaron la debacle del primero, en contraste con lo que resultó de un esfuerzo colectivo, de un sacrificio racional y continuo, de una actitud práctica y generosa a la vez; gestos que salvaron al HOMI, con todo y las plazas laborales que soporta y necesita.
Es obvio que, en el camino de la racionalización del gasto, de su orientación hacia rubros de mayor interés para tal o cual gobierno (a la larga todos terminan subiéndole a defensa), los sectores, las instituciones, las entidades territoriales, desarrollan su pelea para no perder las asignaciones con las que contaban y considero legítimo controvertir al gobierno en este aspecto, incluyendo las acciones judiciales contra la Ley del plan y la elaboración y promoción de la Ley de Pensiones. Pero por su naturaleza, la principal universidad del país debe estar a la altura de los retos que estas coyunturas sirven de excusa para evadir. Este gobierno presentó unas metas de cobertura educativa desde su inicio; la respuesta nuestra ha sido cuestionarlas invocando la calidad. Pero muchas veces parece que llamamos calidad a hacer las cosas como las hemos venido haciendo y no desarrollamos la idea. La política de enconcharse y estancarse a ultranza solo sirve para que otros, que sí se ponen a hacer la tarea, avancen en resultados tangibles y presenten un entorno más confortable para los destinos de los dineros de este sector. Sigo en el siguiente punto.

Universidad Pública

Algo de lo que se habló mucho cuando la Ley 30 fue de la transfiguración del concepto de Universidad Pública. La Educación Superior pasó a ser un servicio público y como tal, prestable por operadores privados. Merced a esa Ley, instituciones privadas como Los Andes o la Javeriana, reciben cuantiosos aportes de la Nación, como reconocimiento a indicadores logrados. Esto es, universidades de naturaleza privada prestan el servicio público de la educación con ayuda de dineros públicos. La categoría que quedó viva a los ojos de la Ley fue la Universidad Estatal, de orden nacional, departamental, municipal y distrital; con la obligación de la Nación y la entidad territorial correspondiente de sostener su presupuesto en pesos reales e incrementarlo al menos el 30% de lo que suba el PIB; además de las rentas propias de cada institución. Un dogma de fe infaltable en nuestros discursos consistía en considerar ese componente de rentas propias como la forma paulatina del Estado para desentenderse de esa obligación. Obviamente afirmaciones como que la Universidad solo será autónoma cuando tenga autonomía financiera (informe Atcon) cambiaban súbitamente la tonalidad de nuestras letanías (las consignas) para convertirlas en agresivos juramentos, sanguinarias arengas y uno que otro movimiento parabólico. Hoy lo veo de otra forma.
En la mayoría de nuestros políticos prácticos y sus intelectuales funcionales, la confusión arbitraria entre estatal, gubernamental, público y otros adjetivos asociados es persistente y chapuceada a conveniencia. Un rector de un colegio distrital, con título de abogado y militante del Partido Comunista, respondía ante el reclamo por su negligencia ante el daño de unos pupitres: "¿de qué se preocupa si eso es del gobierno?". Foristas de eltiempo.com defendían el daño de pupitres en la avenida 30, invocando que son propiedad de los estudiantes. Un ciudadano indignado escribió una vez a la versión impresa de ese mismo diario que le parecía inaceptable que la Biblioteca Central de la Universidad Nacional no le permitiera utilizar sus servicios sin la carta de presentación de una institución con la cual se tenga convenio; se preguntaba si acaso no era pública. Jíbaros, vendedores informales y otros maldicen cuando son requeridos a abandonar el Campus: "esto es público".
Los objetivos públicos, los intereses públicos, se pueden definir alegremente dentro de una perorata política de tal o cual secta. A según. Para el caso de la Universidad Nacional, me parece que hay que insistir en un valores sociales más bien soslayados por el discurso de los paristas que más han gritado. La Universidad Nacional tiene en Colombia gran credibilidad por su sistema de admisión, el cual ha sido burlado en el pasado, pero se ha adaptado a los nuevos retos, siendo el más complejo de su tipo en el país. Tanto es así que el Ministerio de Educación escogió a la institución para preparar el examen de evaluación a los docentes de Básica y Media, cosa que aterrorizó al componente mediocre de la directiva de Fecode (precisamente por el prestigio de la Universidad). Fue pionera en el acceso de la mujer a la educación universitaria en Colombia, en los programas especiales de admisión de estudiantes indígenas y de municipios pobres (con inmensos retos aun para superar, especialmente el de la equidad). Su no confesionalidad permitió que muchas corrientes ideológicas, inaceptables para la curia y otros cleros, llegaran a enseñarse en nuestro país. Hacer de ella una Universidad de Conocimiento no le resta a su carácter público. Por un lado porque el interés público no se restringe a lo que se decreta desde las tarimas; por otro porque los retos de superación de nuestro problemas socioeconómicos precisan mucho más que la formación de oradores; exigen ciencia y técnica y para eso se necesita gente pilosa, como la que la Nacional selecciona en su admisión.

La Resistencia

Ante la entrada en competencia de otros operadores de telefonía, la detestada gerencia de la ETB (la de Regueros) contrató cursos de validación de primaria y bachillerato para tratar de corregir un poco la mayor desventaja competitiva de los operarios de esa empresa (porque de experiencia en los misterios de la telefonía local para Bogotá estaban más que curtidos), la hoja de vida académica. Cierto sector del sindicato promovió la resistencia a esas medidas, o sea no aprender. La insistencia en el paro por el paro me recuerda esa actitud. Puede que dentro de la poética de la inmolación revolucionaria quepan muchos gestos que mi prisión racional no me deja asimilar; así de cuadrado soy. Pero dejar de aprender, dejar de saber, por ir a desfilar me recuerda la clásica imagen de Pinocchio, abandonando la escuela y buscando su destino detrás de los saltimbanquis.
Dentro de la adoración por esa manida palabra, he conocido de grupos estudiantiles que aluden a la noción eléctrica, a la de la teoría de circuitos. Esta en particular me recuerda más otro concepto asociado, el de los ohmios imaginarios, la reactancia. Es el componente de la cantidad fasorial llamada impedancia que no trabaja sino desfasa. Además la palabra evoca el carácter reaccionario que muchas veces acompaña a la mal llamada resistencia. Desistencia, reticencia, no sé, pero el concepto tiene más afinidad con otros vocablos.

1 comentario:

un motor dadá dijo...

Buenas,
Gracias por tomarse el tiempo para escribir esta interesante entrada, que aunque no responde directamente a las preguntas que antes formulé, sí toca muchos otros puntos que vale la pena considerar.

Primero. El problema de la Realpolitik o, en este país, la politiquería, tanto dentro de cada institución como en el sector estatal en general. Creo que se está ante el reto de separar el grano de la paja: los derechos laborales legítimos, de las componendas de sectores sindicales; la libertad de cátedra, de la mediocridad impune; los costos de cumplir una misión, del despilfarro del presupuesto público. Y en esto habría que ir caso por caso considerando la relación costo/beneficio, porque siempre habrá alguien que se aproveche de cualquier libertad concedida. Es similar al dilema que surge en temas de seguridad: ¿cuánta libertad propia estamos dispuestos a sacrificar para sentirnos más seguros? En este caso, se puede asegurar que siempre habrá gente que creerá que lo público está ahí para robárselo, o que la libertad de cátedra implica que nadie puede pedirme cuentas sobre la calidad de mis cursos, o que la autonomía universitaria significa que el campus es tierra de nadie. Pero es muy peligroso pensar que el que existan tantos pícaros es motivo para privatizar lo público, recortar derechos laborales, libertades y otros acuerdos a los que en su momento fueron triunfos históricos. Hay que mirar y sopesar y encontrar soluciones razonables, para que la corrupción "se reduzca a sus justas proporciones", como diría un macabro personaje que, por accidente, hablaba con triste realismo.

Segundo. En estos días estuve leyendo, por casualidad, algunos papeles del archivo de Germán Arciniegas sobre la Reforma universitaria del 36. Me impresionó sentir que los textos podrían haber circulado exactamente iguales durante las protestas contra la Reforma en el 2005 (si se les agregaran errores de ortografía, se les quitara la puntuación correcta y se introdujeran connotaciones sexuales que no vienen al caso). De lado y lado, los mismos argumentos, aunque dada la naturaleza del archivo, no encontré ahí la oposición de sectores universitarios sino la de sectores conservadores de todo el continente. Con esto, sin embargo, no pongo en duda su afirmación de que "la educación es uno de los fenómenos más conservadores que puede haber". Y, bueno, naturalmente lo es: hasta cierto nivel, su función es la repetición, la transmisión de una estructura social de una generación a la siguiente. La educación puede ser conservadora en un buen o mal sentido, pero no creo que se pueda librar de esa función. En mi opinión la educación debería ser modernizadora, pero a estas alturas la modernidad es una tradición, una entre otras. Ahora, que políticamente sea conservadora... Creo que más bien habría que decir que siempre hay resistencia, sí, en ese sentido de reticencia, de no quererse mover de donde se está, pero esto también tiene que ver con una desconfianza de principio entre los autodenominados intelectuales y la gente en el poder. Desconfianza no del todo infundada, de lado y lado; pero que antes que nada se debe a que son grupos sociales ubicados en lados opuestos del campo social. Pero de nuevo ahí habría que ver que cierta cantidad de oposición es necesaria en una democracia; ¿cómo minimizar el impacto de los que simplemente están en plan de estorbar para cualquier cosa, conservando al mismo tiempo el derecho a no tragar entero?

Tercero. Dice usted que "Hacer de ella una Universidad de Conocimiento no le resta a su carácter público". Totalmente de acuerdo; pero tampoco garantiza que asuma su función. Depende también del tipo de conocimiento que se genere e imparta, cómo y con quiénes.

En fin, no más por hoy. Me temo que la sola mención de César Pérez bastará para producirme horribles pesadillas.
Gracias, suerte.