En El Espectador

En la edición impresa del 3 al 9 de junio del El Espectador, página 20A, sale a relucir un par de veces el tema de la Unversidad en los últimos días. Primero de la mano de Tola y Maruja, personajes creados por un par de egresados de la Universidad de Antioquia, participantes de movimientos estudiantiles en su momento y conocedores de ciertos clichés tradicionales de la subcultura de las asambleas, los pliegos, las "claridades" políticas y otros caracteres esenciales del fenómeno.

— Oites Tola, ¿y qué vuelta tenés que hacer en la Niversidá Nacional?— Voy a
entrale una muda de ropa al nieto mío Juaquín Estíven, que lleva días campando
en una manga.— ¿Y es que los dejan pasiar dentro de la niversidá?— No Maruja, es
que los muchachos están protestando porque les van a subir la matrícula.— Pero
el nieto tuyo paga muy poquito, ¿cierto?— La matrícula es barata, pero le piden
mucha cosa… Estivencito cada rato tiene que llevar quizque aerosol, papel
aluminio, pólvora… ¡hasta piedras le han pedido!

Luego un reclamo de Mauricio Archila Neira, profesor de Historia formado en una universidad privada de Colombia y en una estatal de Estados Unidos (la SUNY), con cierto recorrido muy citado (aquí) en el tema de los moviemientos sociales y - de un tiempo para acá - apologista al uso de algunos paros y protestas.

Un editorial desconcertante El editorial de la edición
de la semana pasada (28 de mayo al 2 de junio, 2007), titulado “Cañazos y
realidades de la protesta”, no sólo es inexacto sino que se aleja de la
tradición democrática que ha caracterizado a El Espectador desde su fundación.
Voy a explicar por qué.La frase que concluye dicho editorial —resaltada en el
recuadro— reza así: “Dice mucho de nuestra cultura política que las protestas
tengan tan poco que ver con la realidad”. Uno podría preguntarse: ¿cuál es la
“realidad” para el editorialista? Si se lee con cuidado el citado texto se
descubre que la “realidad” es el discurso del Gobierno, no el del Congreso ni
mucho menos el de quienes protestan. Esta aseveración puede ser cuestionada por
muchos argumentos, algunos de los cuales presento a continuación.En relación con
el proyecto de acto legislativo sobre transferencias que hace curso en la Cámara
de Representantes, el Gobierno ha insistido que no va a disminuir los montos de
la educación. Sin embargo, el mismo Gobierno en concertación con su bancada
decidió aumentar el pasado 29 de mayo en 1,5 billones de pesos los rubros
destinados a este sector. Adicionalmente el Presidente en rueda de prensa de ese
mismo día ofreció 2 billones más por la vía del presupuesto —es decir, por fuera
de la reforma constitucional—, para ajustar el escalafón y los salarios de los
maestros. Obviamente se buscaba contener la movilización que, sin embargo, se
dio en forma masiva el 30 de mayo, según lo reconocen propios y ajenos. Estas
recientes modificaciones oficiales a la propuesta original significan que, como
dijo El Tiempo en su edición del mismo día, la protesta de la comunidad
educativa ha logrado algo. Pero sobre todo desmienten las afirmaciones oficiales
en torno a que no se iba a disminuir el monto del sector educativo vía las
transferencias a los municipios y departamentos, que sin duda van a decrecer en
cerca de 50 billones en el futuro, además de los 27 perdidos ya.Sobre el
Artículo 38 del Plan de Desarrollo 2006-2010, que también está en proceso de
aprobación por el Congreso, hay igualmente muchas fisuras en el discurso
oficial. Se afirma que con este “articulito” se busca mayor responsabilidad de
las universidades públicas del orden nacional en el tema de pensiones, sembrando
un manto de duda sobre su manejo. Se olvida, por ejemplo, que en la Universidad
Nacional durante 2005 el movimiento de estudiantes, trabajadores y profesores se
opuso con vehemencia al intento del rector Marco Palacios de pensionar
forzadamente a los docentes que llegaran a la edad de merecerlo. En su momento
se dijo que esta política no sólo amenazaba la calidad de la enseñanza al
expulsar a profesores en plena edad productiva, sino que era irresponsable con
el manejo pensional. Entonces, no es cierto que las comunidades universitarias
sean irresponsables en el tema de pensiones.Además el Gobierno agrega que con
dicho “articulito” no pretende propiciar el aumento del monto de la matrícula o
el deterioro de las condiciones de los profesores y trabajadores de las
universidades públicas del orden nacional. Aquí hay dos argumentos que
desmienten el discurso oficial. De una parte, siendo estas universidades de
orden nacional, todos sus trabajadores, incluidos los docentes, lo son de la
nación. Por tanto, no tiene sentido “concurrir” con ella misma para el
saneamiento de su pasivo pensional. De otra parte, en aras de la discusión, vale
la pena preguntarse: ¿qué significa para estas universidades dicha
“concurrencia”? En la Universidad Nacional, el pasivo actuarial asciende
aproximadamente a tres billones de pesos. “Concurrir” o aportar el 3% de ese
pasivo —que equivale a $90.000'000.000, cuando los recursos propios anuales
escasamente son tres veces esa suma— en términos de un reciente informe del CID
“obligaría a la Universidad a efectuar un ajuste, ya sea aumentando los ingresos
o disminuyendo los gastos, lo que afectaría el cumplimiento cabal de cualquiera
de sus funciones misionales”. En pocas palabras, no sólo la viabilidad
financiera sino especialmente la misión de la principal universidad pública del
país están seriamente amenazadas. Si éste no es un paso hacia su privatización,
entonces ¿qué es?Hasta aquí lo relacionado con algunas inexactitudes del citado
editorial. Hay algo que me preocupa más, pues es de humanos errar. En las frases
previas a la final se dice: “Pero la realidad política en el recinto del
Congreso es muy diferente a la realidad política por fuera del mismo. Mientras
adentro priman las transacciones, afuera dominan las emociones. Adentro se
olvida el fondo por cuenta de la negociación, y afuera por cuenta de la
desinformación” (el destacado es mío). De modo que, para el editorialista, la
protesta se mueve sólo por emociones y desinformación. Se trata de un
señalamiento muy grave, porque desconoce la complejidad del fenómeno. Sin duda
hay emociones en la protesta —basta ver los noticieros para constatarlo—. Todos
tenemos emociones, comenzando por el Presidente —¡y vaya si las tiene!—. Pero
otra cosa es igualarlas a desinformación. Con esto simplemente se anula la
posibilidad de que los movimientos sociales tengan alguna razón en sus luchas. Y
hay razones que también mueven a los manifestantes, como las expuestas
anteriormente o las que consigna Fecode en la misma edición de El Espectador a
la que aludimos. Reducir las protestas a meras “emociones desinformadas” anula
la posibilidad de negociar sus demandas, y la concertación es la única salida
que pueden tener los conflictos sociales en un régimen democrático como el que
nos preciamos tener. Al negar esta posibilidad, el citado editorial borra de un
plumazo la tradición democrática con la que don Fidel Cano fundó el periódico
hace ya 120 años, como bien se recordó en recientes efemérides.Yo les propondría
más bien, que El Espectador vuelva a convocar esos foros abiertos que solía
hacer, en donde las distintas partes del conflicto social expongan sus
argumentos para que los lectores podamos contar con criterios suficientes con el
fin de comprender la “realidad” de lo que ocurre en el país.Mauricio Archila
Neira. Profesor Titular. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.