Un poco más de claridad

Siguiendo el tema localista y a propósito de mi última entrada, asistí al foro-debate organizado por APUN (Asociación de Profesores de la Universidad Nacional) acerca del tema del pasivo pensional. La moderación la hizo José Daniel Muñoz, "El Profe", docente del Departamento de Física. No estaba de más poner a un experto en sistemas complejos a lidiar con un auditorio fácilmente exaltable y proclive a interrumpir las intervenciones con consignas, rechiflas o aplausos. Se había anunciado la presencia de la Ministra de Educación, pero terminó asistiendo Gabriel Bustos Mantilla, Viceministro de Educación Superior. Se anunció también a Mónica Patricia Uribe B., Directora General de Regulación Económica de la Seguridad Social; Ministerio de Hacienda; pero según parece fue una funcionaria de apellido Serrano y al parecer de Mineducación. Se anunció también a Alberto Uribe Correa, Rector de la Universidad de Antioquia, pero el que veo en mis grabaciones está mucho más calvo que el del periódico de esa Universidad, o el de la noticia de Universia. Víctor Manuel Moncayo , Ex Rector de la Universidad Nacional y Representante de los Exrectores al Consejo Superior Universitario; Moisés Wasserman, actual Rector de la Universidad Nacional, Orlando Acosta, Representante Profesoral ante el Consejo Superior Universitario y Juan José Yunis, Representante Profesoral al Consejo de Sede.

Aunque se supone que hay controversia entre los personajes, cada uno a su modo me permitió redibujar mi mapa mental de lo que pasa. En primer lugar, la figura de la concurrencia (pago compartido Nación, entidad territorial correspondiente, rentas propias de la institución universitaria estatal) para el pasivo pensional surgió de la Ley 100 del 93, como una forma de compensar el lío que tenían las universidades de orden departamental, municipal y distrital al afrontar su nueva condición de autonomía (antes de la Constitución del 91 la única autónoma era la Nacional). Según el expositor de la Universidad de Antioquia, esa institución pasó súbitamente de ser una dependencia del Departamento de Antioquia a ser una entidad de naturaleza autónoma y - por la gestión de su egresado y ponente, Álvaro Uribe Vélez, se creó esa modalidad legal para acceder a dineros de la Nación para atender esos pagos (más la cuota del Departamento y de la Universidad misma). Pero quedó un vacío. No quedó nada claro para las universidades estatales del orden nacional (Nacional, Cauca, Caldas, Córdoba y Tecnológica Diego Luís Córdoba del Chocó) cómo se manejaría el asunto. En varias ocasiones se ha llevado el tema al Consejo de Estado y, según Moncayo, durante su Rectoría y antes no hubo ningún lío con eso pues no se había cuestionado que era obligación de la Nación cancelar la totalidad de las pensiones. En eso toma distancia con el actual Rector, quien afirma que es urgente buscar un saneamiento definitivo para no dejar ese pasivo como una "bomba de tiempo". Se pone el ejemplo de una crisis que dejó a la Universidad del Valle durante diez meses sin poder pagar pensiones ni salarios. También la amenaza jurídica que supone la eventualidad de una impugnación sobre la legalidad de cierta cantidad de casos de asignaciones pensionales, presuntamente por encima de donde deberían estar.

Moncayo y sus cercanos han fustigado la atención de las actuales directivas a esta posibilidad y han calificado como chantaje la conducta de los funcionarios del gobierno que han tratado de inducir medidas con esa alusión. Desestiman que haya tal ilegalidad y consideran que de haberla no es en un número de casos apreciable y además consideran que ello no afectaría pensiones pagadas en el pasado, sino las futuras. Wasserman ha hablado de la posibilidad de dejar saneadas deudas pasadas, lo cual se trató en la conversación a puerta cerrada en Palacio la semana pasada. El ex rector también destacó la ilegalidad de que un Presidente de la República entre a ofrecer no desarrollar el tema de la ilegalidad de una pensión como contraprestación para obtener algo. Es evidente que Moncayo y sus colaboradores como Múnera, así como otros profesores políticamente activos, desarrollan sus diferencias políticas con la actual administración, manteniéndose vigentes como una fuerza que aspira a recuperar el control burocrático de la Universidad. Pero también se decantan puntos ciertos de convergencia entre facciones, hacia una estrategia común por afrontar una preocupación común. A continuación explico mi afirmación refiriéndome a los profesores, ya que en los estudiantes hay mayor heterogeneidad y una agenda mucho más difusa y menos informada.

La generalidad de los profesores de la Universidad (2700 en la sede Bogotá, como dato redondo) no desarrolla una vida gremial demasiado activa. En muchos departamentos hay un quijote (conozco uno en el que de hecho parece al Quijote y así lo apodan, por flaco y barbudo) que ha sido delegado para leer los boletines, enterarse del asunto en las asambleas de las asociaciones y entregar la información masticada al resto. Las dos asociaciones constituidas, son la APUN y el capítulo local de ASPU (Asociación Sindical de Profesores Universitarios). El solo hecho de llamarse sindical hace que una franja importante de docentes, la cual considera el sindicalismo un fenómeno pernicioso, o cuando menos inconveniente, no quiere tener nada que ver con la segunda. Aunque tienen enfoques diferentes y por momento antagónicos, las dos asociaciones tienen canales de comunicación y mecanismos de acción común. El hecho de ser una asociación de alcance nacional hace que ASPU asuma agendas que normalmente no emocionan mucho el interés local. Por supuesto las formas asociadas no son el único escenario de reflexión, organización o expresión de los profesores; pero sí son, a mi modo de ver, depositarias del trabajo realizado por mucho tiempo y referentes obligados de las visiones sobre la Universidad.

Ante una situación como la actual, hechos como el foro convocado por APUN, representan gestos políticos muy precisos. Por un lado se logra romper con el estilo tiránico e irreflexivo de las asambleas reunidas hasta ahora en ese mismo espacio, dando pie a la exposición racional de las posturas o a la puesta en evidencia de la falta de información de algunos de los actores. Por otro se resalta que en medio de la controversia hay posibilidades de tramitar las falsas dicotomías, para atender las cosas pertinentes. Directivos y críticos organizados van estableciendo un lenguaje común y unos mínimos de acuerdo; la leyenda negra sobre el pacto ilegal con el Presidente queda desvirtuada pues se acepta que nada se firmó y lo constatan como testigos y actores presenciales los representantes profesorales. Al clarificarse el estado del trámite de la Ley (aun en corrección de erratas y ajuste de micos provenientes de cualquier filiación política presente en el Congreso, y se sabe que bien demorada en publicarse en gaceta aun después de la sanción presidencial) y estar tan desarrolladas las tesis de una eventual demanda por inconstitucionalidad (cuyo tiempo aun no llega, pues no está sancionada); el razonamiento que dio pie a aceptar los bloqueos y la anormalidad académica como acciones urgentes para generar movilización, palidece y quedan las actividades programadas por los paristas como propias de sus propias agendas individuales o de grupo y más bien disociadas de la bandera que inició esta situación. En concreto, la pasividad de los profesores (especialmente de los que tienen cierto liderazgo y audiencia entre los estudiantes) ante los bloqueos se acaba. Por un lado porque su visión del calendario y el cumplimiento de la programación tiene implicaciones éticas y situaciones referidas al compromiso laboral firmado con la institución; por otro porque una situación como la de ayer deja la información media de los docentes en un horizonte más estable y de menos incertidumbre.

Volviendo al escenario del foro, los funcionarios del gobierno fueron más bien parcos. Se centraron en citar algunos documentos legales y, especialmente Serrano, a citar aspectos más técnicos del tópico financiero y la referencia a las eventuales investigaciones por pensiones ilegales. Los representantes profesorales fueron interrogados acerca del movimiento y sus expectativas, sus respuestas fueron evasivas (o sea políticas) y por momentos diletantes (como la de Acosta, quien en lugar de afrontar lo que se le preguntaba comenzó una impertinente perorata de estilo roblediano, o sea una secuencia fluida de morfemas sin pausa - como una partitura sin silencios - con ramificaciones sinuosas que no vienen al caso y casi no retornan y con afirmaciones conectadas a las malas por la expresión: "que no es otra cosa que...". En 1986, tropecé con un happening de esa tendencia, el llamado MOIR, en el que se decían cosas como: "contra la Expansión Soviética en Afganistán, no más Belisarios"; más o menos esa es la idea).

Moncayo gozó del favor de las multitudes, arrancó aplausos con solo ser mencionado y se presentó como el adalid de la condición especial de la Universidad Nacional, en la cual, a diferencia de muchas territoriales, no se andan nombrando rectores para pensionarlos más caro (me consta, el último que lo intentó fracasó en su propósito). Se dio el lujo de calificar a su sucesor de agente del Uribismo y - a pesar de su vehemencia infalible, incurrió en un par de contradicciones nodales dentro de este debate.

Fue evidente que la asamblea no ha madurado ciertos conceptos básicos por andar ocupada en sus tareas de paro. No se bajan del dogma de que la actual terapia de choque recibida por la Universidad del Atlántico es la receta que espera a la Nacional si el artículo 38 del plan queda legal. Con esa obsesión corcharon a los participantes con la pregunta sobre cuánto se paga de matrícula en las universidades estatales y en la del Atlántico. Cuando un estudiante dio el dato (después que en la tarima se habían dado estimativos sobre la de Antioquia y la del Valle), citó cifras muy similares a las que pagan las otras; por lo que se pone uno a pensar que el duro ajuste (de hasta 500% para los estratos más bajos) no fue tal, repito, si lo que dijo el estudiante es cierto. El micrófono abierto al público no fue aprovechado para la cualificación del debate sino obsesivo con la descalificación política del Rector y el acuerdo misterioso con el Presidente; volviéndose al punto de que todavía el Plan no es Ley. El sector suicida de los trabajadores gastó su turno en pelear por la presunta amenaza de procesos disciplinarios y remató con la banal e innecesariamente arrogante proposición de que el Rector abandone la Comunidad Universitaria. El directivo reclamó respeto a su carrera y sus méritos docentes y cuestionó que un miembro de la comunidad Universitaria pueda arrogarse el derecho de expulsar a otro de ella de esa manera (estoy de acuerdo con él). Un incendiario más tomó el micrófono y José Daniel se aburrió de la gritería reventando el evento.

Finalizo la crónica con la dolorosa constatación del maltrato del cual ha sido objeto el bello Auditorio León de Greiff, hace no mucho renovado en su mobiliario, adecuado a estándares más actuales y siempre orgullo de la Universidad. Los asambleístas fuman, comen en el escenario, dejan basuras, maltratan los asientos y, como lo denuncia la Dirección de Divulgación Cultural, se dañó el ascensor para minusválidos y fueron robados nueve fluxómetros del baño de hombres. Hace mucho tiempo aprendí a las malas que esos "defensores" de lo público en la teoría, con tan poco sentido práctico del respeto por el bien común, son la punta de lanza real de la ofensiva contra la Universidad Pública. Después se los encuentra uno parlamentando a nombre de cualquier otra causa contraria, o respetando sumisos los bienes de la Universidad Privada cuando llevan allá su dinero para posgraduarse. La altanería la exhiben contra lo público y a lo privado muestran mansedumbre.