Atendiendo a la pregunta de O-lu; el contenido de la protesta en curso tiene varios componentes. Primero los formales y manifiestos.
Varias organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles han convocado a paros el 2, 3 y 23 de mayo, citando reivindicaciones relacionadas con la Ley de Transferencias y el Plan Nacional de Desarrollo. Desde que se inició la llamada Descentralización Administrativa en Colombia, acompañada de hitos memorables como la elección popular de alcaldes, luego la de gobernadores y la existencia de una matriz de transferencia que establece la proporción del presupuesto de localidades y regiones aportado por las mismas y por el la nación; la controversia sobre la prioridad en la asignación de los dineros, por acumulación de necesidades básicas insatisfechas, o por logros en la gestión; sobre la equidad entre lo que se aporta al fisco y lo que se recibe (hay municipios con economías relativamente grandes para su entorno, que no aportan a la nación ni siquiera el sueldo de sus concejales) y sobre el papel de la corrupción local en el mal manejo de los dineros públicos; se ha reeditado año tras año. La agenda del Congreso tenía programado desarrollar las plenarias de ambas leyes para las fechas mencionadas y el lobby correspondiente fue intenso entonces. Este tipo de debates son una oportunidad de oro para ver cómo funciona el poder político en Colombia, cómo negocian los políticos regionales con el gobierno central, cuál es el posicionamiento de las distintas organizaciones sociales a la hora de tratar con el poder formal, cuál es el alcance de las lecturas sobre equilibrio fiscal de los técnicos de la Dirección Nacional de Planeación frente a los poderes reales que se citan en el parlamento, cómo está distribuida la base productiva de la economía nacional en la geografía política,...
Entonces es cuando se habla sobre cómo el Distrito Capital aporta a la economía nacional la mayor tajada y resiente que le toquen su parte en las transferencias; cómo la mayor asignación per cápita la recibe el Departamento que genera noticias de niños muertos de hambre y funcionarios municipales que se roban la bienestarina, sobre de dónde se paga la política electoral. Hace nada el Concejo Distrital aprobó la valorización que no pudieron gestionar ni Peñalosa ni Mockus; la logró ni más ni menos Garzón, con todo y falta de mayorías de su bancada. La administración pública es, entre otras cosas, la oportunidad de los políticos para reproducir su acceso al poder. Las campañas electorales cuestan dinero y las obras públicas son una buena forma de transferir dineros públicos a manos de los financiadores de las mismas. En eso gobiernos y oposiciones hallan una causa común. Por eso cuando se trata de las transferencias, políticos regionales de diferentes tendencias ideológicas, juegan también a preservar el favor de las burocracias locales, incluidas las de educación y salud, mirando cómo se fondean sus sectores, manteniendo su lugar en el juego político.
En el caso del Plan, existía en la ponencia un artículo que delegaba en las universidades estatales el cubrimiento total del pasivo pensional. Desde que se puso en vigencia la Ley 100 de 1993, se mantuvo un estatus especial pero frágil para instituciones estatales como las universidades. Aunque la postura de diferentes administraciones universitarias ha sido la de exigir, a veces mediante recursos legales ante altas cortes, que sea este pasivo cubierto totalmente por el Estado, es decir, por aporte nacional; actualmente se vive una condición de concurrencia, o sea de participación conjunta de Estado y rentas propias de la Universidad. El lobby de los rectores llevó a poner en el artículo concurrencia y están todavía pendientes la sanción y la reglamentación, así como no se descarta una eventual demanda de inconstitucionalidad. La semana pasada se entabló una negociación directa entre rectores y presidente, llegando a un acuerdo de proporción de pago que, según el Rector, resulta un alivio ante la amenaza de incluir un pasivo tan grande (casi 3 billones de pesos, según un cálculo actuarial) a su contabilidad. Una crítica frontal de un sector docente políticamente distanciado de la actual administración se puede leer aquí.
El paro universitario también incluyó una reivindicación relacionada con lo que llaman crisis humanitaria en las universidades, reclamando por casos de DH que han comprometido a activistas universitarios en los últimos meses y por conductas de medios de prensa consideradas señalamiento, así como presuntos proyectos de tratar los campus de las universidades estatales como zonas de orden público. En otros paros, sindicales o estudiantiles, el tema de la criminalización de la protesta social se ha asumido mediante compromisos de seguimientos de los casos concretos por comisiones patrocinadas por el Ministerio del Interior. Existe una postura de algunos colectivos estudiantiles obsesionada con calificar como represión y criminalización a cualquier caso que involucre acción judicial contra manifestantes. Personalmente creo que ese tipo de postura empantana la posibilidad de avanzar y además permite a su contraparte descalificar la denuncia. El otro vacío tiene que ver con el sesgo de la denuncia, pues exceptúa a las amenazas contra la libre expresión y participación política de los universitarios, por parte de expresiones armadas irregulares cuya adscripción ideológica sume a estos denunciantes en una inane pacatería y les anula el sentido crítico.
Hasta aquí las reivindicaciones formales.
De las otras se puede decir que existen las subjetivas, las del participante que no entendió todo el lío y sólo se quedó con la conjetura (pretenden subir 300% las matrículas), quienes no dedican un milisegundo a leer un proyecto de ley, un análisis macroeconómico, ni se preguntan como se produce el dinero, pero cumplen con la agenda política de su organización o tendencia, no desaprovechando ocasión para descalificar al gobierno o al Estado y estando al lado de las masas, mientras todavía son masas. Están las de grupos de interés ya existentes, que esperan que la multitud convocada escuche sus puntos. En eso están usuarios de las residencias universitarias, de otros servicios de bienestar, reivindicaciones en remojo como las de los que insisten en que el hato didáctico no sea sacado de la Ciudad Universitaria, militantes contra la acción de la vigilancia de la Universidad y los contratistas de seguridad, activistas contra el TLC y toda suerte de facciones de inspiración religiosa o política. A estos espacios llegan también viejos activistas que quieren llamar la atención sobre la seguridad agroalimentaria y no falta el ciudadano que siente que es el momento de denunciar que el Fondo Nacional del Ahorro maltrata a sus usuarios.
Están también las agendas de los docentes, más racionales y más ocultas, mirando cómo la anormalidad y la conmoción los posicionan mejor para arrancar a la administración viejos reclamos. También los trabajadores, el eslabón más débil. Con cada vez más precarias condiciones de estabilidad, profundos vacíos en su organización gremial y dificultades para participar del paro. Estos últimos son los que más fuertes temores abrigan ante la posibilidad de que un desbalance tan duro como el denunciado, los sacrifique a ellos como principal medida de contingencia.
Por encima de todo esto, las izquierdas, principalmente el Polo Democrático, se juegan con el paro del 23 la posibilidad e tener un protagonismo como fuerza principal de oposición, con miras a las elecciones locales del próximo semestre. En cualquier lugar del mundo, que la oposición arrebate poder local al gobierno es visto como un hecho político muy relevante. Este mismo paro ha sido convocado con consignas acuñadas en el seno de esa organización (todos los...,todas las...). En general pienso que cala mucho en la mayoría de los participantes el hecho de que se participa en una propuesta con intenciones pacíficas y por una reivindicación propia, el presupuesto de la Universidad. Hace falta autocrítica ante la convocatoria por la fuerza y los intentos de cualificación del debate, de formación sobre los temas implicados, han sido opacados por los cronogramas de tareas y la urgencia de propaganda y enchuspe (reclutamiento, alude a la palabra quechua chuspa, que significa bolsa) de diferentes grupos. Además a la mayoría la convoca la acción, la actividad; eso de leer sobre leyes, aprender economía, discutir políticas o lecturas de país, no seduce...
Mañana sigo, voy por noticias a la Universidad, precisamente.
2 comentarios:
Gracias, Victor, por los esclarecimientos y los vinculos.
Quedan muchas preguntas, claro.
Solo un par voy dejando:
1. "pretenden subir 300% las matrículas" es solo una conjetura? Esto es muy importante, afecta el bolsillo y el futuro de muchos jovenes. Desde el punto de vista del estudiante, qué implicaciones tiene la reforma?
2. Qué sabemos sobre el sistema pensional de los regimenes especiales en Colombia (ejército, petroleo...)?
3. Cuales son las organizaciones estudiantiles que convocan? Como se posicionan? (o son solo individuos u organizaciones estudiantiles adscritas a partidos?).
4. Me parece bastante natural que la oposicion traiga este tema en un paro que convoca...
saludos!
o-lu
http://socioenlinea.blog.lemonde.fr/
Listos,
1. No hay una reforma como tal en curso. El estado del tema de la concurrencia es que las cosas siguen igual. Aunque es cierto lo que anota Múnera sobre la fragilidad legal del acuerdo, también lo es que la oferta de éxito de la demanda por inconstitucionalidad es bien alta (y no era ésta la batalla del fin del mundo). El alza de matrículas es una hipotesis plausible pero no es una consecuencia tan fatalista como la presenta el activista, quien la usa como un recurso efectista más, saltando pasos intermedios del razonamiento (de hecho el temor era por un boquete tan amplio que las matrículas no hubieran hecho mayor diferencia). Es como la especulación acerca de cómo la redefinición del número de créditos representaría quitar educación a los pobres estudiantes de las universidades estatales. Ni es cierto que por ser de una estatal sea uno pobre, ni menos créditos en el pregrado constituyen una desventaja en un entorno laboral que premia otro tipo de cosas, como las relaciones sociales y ciertas competencias de adaptación al medio empresarial, en las que enfatiza una universidad como Los Andes, la cual sí ha emprendido cambiar a 8 semestres sus ingenierías y no lo ve como desventaja ante programas de pretensión enciclopédica de otras privadas y de las estatales.
2. En cuanto a regímenes especiales, el educativo va de salida (en pocos años ya estarán pensionados los últimos vinculados de las viejas modalidades), el de petróleo también y con los de las fuerzas armadas y militares ha habido cierto compás de ablande. Sin ánimo de darles planamente la razón a los técnicos de la DNP, los profesores se han quedado cortos en demostrar a la sociedad la pertinencia de que su aporte a la seguridad social sea menor (lo planteo como crítica política, no jurídica), pues las deficiencias en el ejercicio de su misión son cada vez más notorias. En el caso de la alcaldía que termina en Bogotá, hay un balance excepcional en actualización de infraestructura y ampliación de cobertura, pero estancamiento y retroceso en la discusión pedagógica.
3. Como se ve en el afiche de la frase posmoderna, los grupos como tal no convocaron. La precariedad de su capacidad de convocatoria y su credibilidad hace que ese no sea el mecanismo. En lugar de presentarse como ACEU (del entorno de la JUCO, ciertos trostkismos, algo de juventudes liberales y no muchas más filiaciones), OCE y CONSEC (del MOIR), FUN-Comisiones ("al servico del pueblo"), FEU (ni idea, pero recién aparecida y bien montada de recursos económicos), o grupos de presencia más local; hicieron los bloqueos como estudiantes sin vinculación reconocida, pero alimentando con fotos, videos e informes a los medios de sus respectivas organizaciones. Ya en el trámite de las asambleas circulan las típicas propuestas de conformar grupos de trabajo, consejos estudiantiles, cátedras alternas y lo de toda la vida. Por supuesto quienes tienen un esquema de reclutamiento partidario se limitan a seguir su metodología particular.
4. A mí también me parece natural, pero no me parece honesto que se reproduzcan prácticas políticas de manipulación, difamación y - sobre todo - de utilización del interés universitario como pretexto para otra agenda. Hace unas semanas alguien de la USO emprendió unas charlas bajo el título "cómo afecta la privatización de Ecopetrol a las Universidaddes Públicas". Tuve ganas de ir a enrostrarle al conferencista que más afectadas se deben sentir las privadas ante la eventualidad de que la financiación de la educación superior de los hijos de los empleados de la empresa estatal deje de darse, pues no es despreciable la suma que reciben por la matrícula de los vástagos de los "compas" de la USO; sindicato acostumbrado a requerir estudiantes para hacer pintas, pegar carteles, hacer bulto en las marchas; pero no a apoyar el fortalecimiento del campo universitario estatal (de hecho pensar en ser empleado de Ecopetrol es bien quimérico para un egresado de la Nacional). Los políticos promueven escenarios de paupérrimo nivel de información y gran voracidad proselitista, consiguen fotos de multitudes para la cartilla de su próximo congreso, pero no se quedan a lo necesario, ni a reparar los daños causados.
Muchos saludos. Estuvo bonita y calmada la marcha de hoy, me encontré con viejas amistades, no me atreví a mojar mi delicada cámara y volví a comer Bon Ice en la Plaza de Julio César. Mañana hablaré un ratico con un sector de los del sindicato, los olvidados de la etapa que sigue.
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