1. El Gobierno Nacional rechaza las afirmaciones del Presidente de la Corte Suprema de Justicia contra las Fuerzas Militares de Colombia.
2. Es falso que el ataque terrorista del M-19 y de sus socios del narcotráfico al Palacio de Justicia, en 1985, sea comparable, ética y jurídicamente, con el esfuerzo de los militares por defender y liberar a los rehenes. Los primeros cometían un crimen de lesa humanidad; los oficiales y soldados cumplían con sus obligaciones constitucionales y legales.
3. Describir la acción de las Fuerzas Armadas en defensa de la institucionalidad como ilegal y violatoria de derechos fundamentales, es herir la dignidad de todo el Estado colombiano.
4. El Gobierno aconseja la mayor prudencia para que se evite el prejuzgamiento y la estigmatización colectiva de todos los participantes en una acción institucional para restablecer el orden, sin perjuicio de que se persiga individualmente a los autores de acciones irregulares o ilegales.
Bogotá, noviembre 7 de 2007
Lo firma Carlos Holguín Sardi, Ministro del Interior y de Justicia.
Cuando pasó lo del Palacio yo tenía once años. No era un adulto inconsciente pero tampoco un niño despistado, veía noticieros y hacía preguntas, leía prensa y comenzaba a ampliar mi visión del mundo más allá de la familia y el sistema escolar. Difícilmente quedará por fuera de ese cuadro que me pintaba entonces la imagen del oficial de caballería dando a entender que su fuego no contemplaba la protección de los rehenes y que era tan intenso porque también le disparaban y él se sentía amenazado por ello dentro de su vehículo blindado. Debo reconocer que demoré un par de años más para concebir un cuadro más amplio en materia de responsabilidades, porque de alguna manera la antipatía contra la irremediable brutalidad de los de uniforme venía no solo de un ambiente ideológico de época sino de vivencias concretas, de batidas abusivas que presencié, de las rechiflas barriales y colegiales a 'las feas' (la PM),... Pero claro, el detonante práctico de ese espectáculo fue la delirante toma, realizada a pesar de estar quemada y tal cual como en el plan interceptado, preñada de suposiciones imbéciles acerca de la disposición de los contrarios y - ya no lo descarto - atada a propósitos nada solemnes.
A esta altura del tiempo y a mis ancho actual de cintura y extensión de mi frente, tengo muy claro lo que representa que la institucionalidad afronte por fin los vacíos dejados en un caso como este. Se trata de deudas de decencia y credibilidad. El comportamiento de los responsables de la recuperación del edificio fue un espectáculo público más desacralizador que el de ver al jurado de tesis en piyama, lo poquito que se vio fue impresentable y la legalidad no puede posar de tal si ni siquiera se pronuncia. Por supuesto mentes inmaduras pasan por las conclusiones del informe soslayando el hecho notorio de que atribuye la primera responsabilidad al M19 y las comentan como si no hubiera tal alusión. Por ahí derecho pasan por alto que desaparecer personas es un delito gravísimo.
El comunicado de Holguín va a otro nivel. Aunque contesta a declaraciones del Presidente de la Corte de Suprema de Justicia, sus juicios acerca del caso chocan con el esfuerzo de empresas como la comisión. Desde que Uribe fusionó el Ministerio del Interior y el de Justicia, confundiendo las funciones de apología del gobierno con temas jurídicos más delicados (aunque el escudero inequívocamente es José Obdulio), la seriedad debida al tema de la justicia sufrió muchísimo. El exgobernador de la 'tierra de las oportunidades' juega con temas que sobrepasan su probidad y su talento. Primero rechaza, actitud eminentemente política pero de poco tacto jurídico. Luego cantinflea: "Es falso que [...] sea comparable [...]"; a continuación compara. Carente de la capacidad de abstracción de su jefe induce que las afirmaciones sobre la acción específica de la retoma se refieren en general a la acción. Finalmente pasa por alto una de las más graves faltas que llevó esta situación a donde está: la persecución individual de los "autores de acciones irregulares o ilegales" fue inhibida desde el principio con la manipulación de la escena por fuera del control de jueces de instrucción, cuando la institucionalidad toda desatendió tareas específicas para dar con la suerte de los desaparecidos y para establecer causas y circunstancias ciertas de la muerte de rehenes y guerrilleros capturados vivos.
La jaez del comunicado, con acento al tipo de apología del delito, deja también el sabor de que es una de esas salidas de las cuales se puede bajar el titular de la presidencia a según avancen las consecuencias.
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